En un hito histórico para la protección del medioambiente, el Consejo de Europa ha dado un paso decisivo al aprobar la nueva Directiva de delitos ambientales, incluyendo disposiciones para tipificar como delito casos comparables al ecocidio. Este logro marca un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos contra el medioambiente en la Unión Europea.
Tradicionalmente, los casos de ecocidio se resolvían en la justicia civil, con multas como única condena. Sin embargo, la nueva Directiva introduce la posibilidad de enjuiciar estos delitos mediante el Derecho penal, lo que podría resultar en penas más severas y una mayor disuasión para los infractores de las leyes ambientales.
La revisión de la Directiva anterior cobró impulso en marzo de 2023, cuando el Parlamento Europeo expresó su apoyo a la inclusión de legislación sobre ecocidio. Este apoyo fue seguido por un acuerdo político histórico entre el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento en noviembre de 2023. Finalmente, hace un mes, el Parlamento Europeo votó a favor del texto de la Directiva, dejando al Consejo de Europa con la última palabra.
La nueva normativa amplía el número de conductas que constituyen delito ambiental de nueve a veinte. Entre ellas se incluyen el tráfico de madera, el reciclado ilegal de componentes contaminantes de buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos.
Una de las disposiciones más destacadas de la nueva Directiva es la cláusula sobre «delitos cualificados», que se aplica cuando un delito contemplado en la Directiva se comete de forma intencionada y causa la destrucción del medio ambiente o un daño irreversible o duradero a este, es decir, cuando causa un ecocidio.
Jojo Mehta, cofundadora y directora general de Stop Ecocidio Internacional, ha elogiado la decisión de la Unión Europea, destacando que establecerá una clara «línea roja» tanto moral como jurídica, y creará una orientación esencial para los líderes de la industria y los responsables políticos en el futuro.
Los Estados miembros tendrán ahora un plazo de 24 meses para adaptar la legislación nacional a la nueva Directiva, a través del proceso de ‘transposición’. Esta pionera Directiva no solo tiene implicaciones significativas para la salvaguarda del medio ambiente en Europa, sino que también envía una fuerte señal de apoyo político al reconocimiento internacional del ecocidio, que se sentirá en todo el planeta.
