El próximo 15 de octubre, los ecuatorianos irán nuevamente a las urnas para elegir al Presidente o Presidenta de la República, en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. El candidato que resulte elegido, gobernará hasta 2025, cuando se convocarán los comicios para un período de Gobierno de cuatro años. Para conocer más de las propuestas de los candidatos Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de la Alianza Democrática Nacional (ADN), la noche del pasado domingo se realizó el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que fue transmitido por cadena nacional de radio y televisión.
Los presidenciables intervinieron en cuatro bloques de media hora cada uno. Primero se abordó el tema económico, luego la seguridad; el eje social y finalmente el político. Respecto al crecimiento de la economía y la seguridad, dos de los asuntos que más interesan a la población, los candidatos presentaron sus posturas frente al extractivismo de recursos minerales, industria histórica en el Ecuador, pero que ha tomado relevancia pública en los últimos años, tanto por el inicio de la producción minera de oro y cobre a gran escala, como por los extensos y documentados daños ambientales causados por la minería ilegal en zonas como Buenos Aires (Imbabura); Yutzupino (Napo), entre otros muchos lugares del país, donde las denuncias no han bastado para detener esa extracción irregular.
Ecuador, como economía primario – exportadora, depende en gran parte de los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, principalmente el petróleo y en menor medida de la minería. Sin embargo, la situación nacional podría agravarse, dado que en Consulta Popular, se resolvió frenar la explotación petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini).
En este escenario, la postura de quien llegue a la Presidencia resulta fundamental para marcar el camino de crecimiento que tendrá el país en los próximos meses, durante un Gobierno que se erigirá en transición y que estará marcado por amenazas naturales como el fenómeno de El Niño, la crisis de inseguridad, migración, entre otras problemáticas urgentes.
Tras el debate, ambos candidatos se mostraron afines a mantener la matriz productiva del país con enfoque en la explotación de recursos y han sido enfáticos en que debe realizarse con controles, con responsabilidad y combatiendo la minería ilegal.
Luisa González, se refirió a reforzar el control del Estado para la protección de los recursos minerales y el medio ambiente que permita “una extracción ordenada y regulada”, señaló. Planteó la necesidad de un censo minero que permita mapear con claridad dónde hay posibilidad de extraer minerales y evaluar el mínimo impacto sobre la naturaleza. Habló de involucramiento comunitario para la consulta previa en sus territorios y de auditoría de concesiones mineras. Según dijo, esta medida servirá para conocer “si se está protegiendo el ambiente, si se están entregando las regalías como corresponde, si no hay impacto negativo a las comunidades y que no exista minería ilegal”.
Respecto a la normativa subregional para hacer frente a la minería ilegal, la candidata indicó la necesidad de potenciar la decisión de la Comunidad Andina de Naciones sobre este ámbito; así como de “recuperar la institucionalidad del Estado”. Esto se realizará con la creación de un Ministerio de Minería y de la Agencia de Regulación y Control Minero, entidades que existían en años anteriores y que fueron fusionadas en el Gobierno de Lenín Moreno, en una sola institución para la gestión de la energía, los hidrocarburos y las minas.
González, también recalcó que hay que diferenciar la minería artesanal de la ilegal y planteó el establecimiento de un sistema estatal para la compra de oro.
Por su parte, el candidato Daniel Noboa, puso énfasis en la cooperación regional, especialmente con los países vecinos de Colombia y Perú, para el control de fronteras e intercambio de información. Sobre los pequeños mineros, Noboa propone procesos de formalización. “Cero tolerancia a la minería ilegal, cooperación penal para los nuevos nómadas que son los mineros ilegales”, aseguró.
Tanto Noboa como González, coinciden en que la explotación de recursos debe ser estrictamente regulada por el Estado, para proteger el ambiente, y a su vez financiar la caja fiscal y atender las necesidades urgentes de la población. “Es necesaria la protección al medioambiente y también el desarrollo económico de la nación”, destacó Noboa. (GAP)
